Llegado el período estival de fichajes, resulta habitual oír hablar en los medios de comunicación de temas como las cláusulas de rescisión, los salarios de los futbolistas o hipotéticos precontratos firmados con otros clubes. Bien lo sabe la afición del Atlético de Madrid, que a raíz del caso Griezmann, se ha visto bombardeada por estos términos en la prensa. Pero, ¿cómo están configurados los contratos de los jugadores? ¿Qué instrumento los regula?
En España, la relación laboral entre los deportistas profesionales y sus clubes está regulada por el Real Decreto 1006/1985, del 26 de junio. En uno de los apartados del artículo 13, este documento recoge la posibilidad de que los deportistas puedan extinguir su contrato por voluntad propia. Aunque, para ello, se establece en el artículo 16.1 la figura de la cláusula de rescisión como vía de escape del jugador. Con ella, se pretende alcanzar un equilibrio entre el derecho de dimisión del trabajador (recogido en el artículo 49.1d del Estatuto de los Trabajadores) y el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera causar al club la marcha anticipada del futbolista.
Lo que en principio pretendía ser una medida salomónica para futbolistas y clubes se ha convertido, en la práctica, en un instrumento disuasorio a la hora de dejar salir a un futbolista. Generalmente, cuando un jugador de renombre manifiesta su intención de marchar a otro lugar, las entidades se acogen a la cláusula indemnizatoria preestablecida. En este sentido, la ley deja muy claro que es la voluntad de las partes plasmada en el contrato la que establece el importe de la indemnización que se debe pagar. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que los tribunales intervienen a la hora de fijar la cuantía de dicha indemnización. Primeramente, en el supuesto de que no existiera una cláusula prefijada, serán las instancias judiciales las que establezcan dicha cantidad basándose en una serie de criterios (como el perjuicio que haya causado el jugador al club, los motivos de la ruptura, el beneficio que obtendría el futbolista con el cambio de equipo, la fecha de resolución, etc.)
En el caso de que la cláusula esté establecida por medio de la voluntad de las partes, los jueces solo podrán modificar la cuantía indemnizatoria en dos supuestos: bien si la entidad no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, bien si se considera que la cláusula no es proporcional al salario del jugador y existe, por tanto, un abuso de derecho por parte de la entidad. El caso más reciente se produjo en 2015, cuando el juzgado de lo social número 3 de Tarragona redujo la cláusula del futbolista del Nástic, Alberto Benito, de 1 500 000 euros a 53 800 euros. Otro caso más sonado fue el del ex jugador del Almería Herández Bernardello, que rescindió su contrato de forma unilateral en 2012 al alegar que no había cobrado parte de su ficha. El Almería, que reclamó los 30 millones que estipulaba su cláusula, terminó percibiendo una indemnización de 412 500 euros.
Fuente datos: Global Sports Salary Survey
La exposición de estos casos demuestra que es recomendable la existencia de cierta proporcionalidad entre el salario de los futbolistas y su cláusula de rescisión. Sin embargo, ¿esto se cumple realmente? Veamos un ejemplo claro con los datos de la primera plantilla del Club Atlético de Madrid. Si comparamos los datos de los salarios publicados en un informe de Global Sports Salary Survey con las cifras estimadas de las cláusulas de rescisión de los futbolistas, el ratio salario/cláusula medio ronda el 6,44%. Es decir, la proporción general entre los sueldos de la plantilla y sus cláusulas indemnizatorias está bastante equilibrada. No han contado para este estudio jugadores como Gabi o Fernando Torres, pues carecían de cláusula de rescisión alguna. Cabe destacar también que se han tenido en cuenta los datos del antiguo contrato de Thomas, recientemente renovado hasta 2023. Conviene no olvidar que se trata de datos estimados, pues el Atlético de Madrid no hace públicas estas cifras.
El análisis de estos números evidencia que la filosofía del Atlético a la hora de fijar los salarios y las cláusulas está marcada por el equilibrio entre ambas variables. El último caso ha sido el de Rodrigo Hernández, al que le habrían establecido una cláusula de 70 millones de euros a razón de 5 millones anuales, según el diario MARCA. Pese a que esta política beneficia notablemente a los futbolistas, pues no los blinda de cara a una futura salida, tiene un efecto contraproducente para el club. En varias ocasiones, la cuantía de la cláusula está muy por debajo del valor de mercado del futbolista. Es el caso de Antoine Griezmann, donde la indemnización, lejos de convertirse en un elemento disuasorio, hace del ‘7’ rojiblanco uno de los chollos del mercado.
Todo lo contrario ocurre en otros clubes de primer nivel como el Real Madrid, donde las cláusulas de rescisión son astronómicas: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema (1000 millones de euros), Isco y Asensio (700 millones de euros), Modric (500 millones de euros), etc. Incluso Marcos Llorente, futbolista que apenas ha contado con minutos en el esquema de Zinedine Zidane, cuenta con una cláusula de 200 millones, el doble que la de Griezmann. Solo Diego Costa sería capaz de igualar esa cuantía. Por ello, en un mercado que vive un incipiente proceso inflacionario, las cláusulas de los jugadores rojiblancos son consideradas por muchos aficionados como PVP (precios de venta al público). Así pues, la directiva colchonera deberá tener en cuenta el proceso de revalorización de sus futbolistas y revisar sus contratos si verdaderamente pretende ofrecer a Simeone un equipo competitivo para pelear por todos los títulos. De lo contrario, la proporcionalidad de su política salarial no será más que el enésimo déficit al que tendrá que enfrentarse el ‘Cholo’ para llevar al Atlético a lo más alto.
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