HACIA EL FIN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

¿Puede por lo tanto una sociedad anónima, cuyo único fin es el ánimo de lucro, recoger y amparar todas estas tradiciones y sentimientos? A mi juicio, clarísimamente no.

Las S.A.D. en España siguieron la pauta establecida por las del fútbol inglés (hoy la mayoría en almoneda), y fueron impulsadas por un ilustre periodista, que creyó que sólo podían administrarse de manera correcta los clubes de fútbol cuando los responsables de la gestión respondieran con su patrimonio de las pérdidas por ellos ocasionadas.

El fatídico error de aquella ley del deporte del año 1990 fue que no sólo no se han aminorado las pérdidas en las S.A.D., sino que en los últimos 18 años la deuda de las mismas se ha multiplicado por diez. Las S.A.D. deben cerca de 600 millones de euros a la Hacienda Pública y casi cinco a la Seguridad Social, además de otro tipo de deudas como fichajes, sueldos, etc.

Resulta alarmante que clubes como Atlético, Valencia, Español o Betis, por nombrar sólo a unos cuantos, se encuentren en el filo de la navaja. Estos clubes, algunos centenarios, están en peligro de desaparecer por la gestión de estos nuevos propietarios que, amparados en esta ley, manejan a su antojo dichas sociedades para obtener beneficios con la recalificación de los estadios que fueron comprados peseta a peseta por los socios históricos de dichas entidades.

Por ende, lo cual ya es una paradoja, los actuales dirigentes de las S.A.D. las gestionan como auténticos caudillos, ninguneando a los pequeños accionistas y gobernando los clubes, en algunos casos, a través de empresas de su propiedad, reservándose el derecho a vender a cualquier extranjero todo ese capital de sentimientos que son intransmisibles, que llevarían a la desnaturalización de los principios fundacionales de los clubes y a su posible desaparición.

¿Quiénes son a mi juicio los auténticos dueños de los clubes de fútbol? Los socios y abonados que pagan cerca del 35% del total de los ingresos de cualquier club, compran los partidos por PPV, lo cual representa el 40% del volumen total de los ingresos, y además los simpatizantes, que son los adquirentes del merchandising. Si, por lo tanto, son los seguidores la mayor fuente de ingresos de un club ¿Cómo puede prolongarse la situación de que los máximos responsables del activo histórico, de la tradición, de los sentimientos, y sostenedores en lo económico, sigan estando ausentes de la gestión de las S.A.D.? Debe producirse un cambio profundo en el fútbol y en particular en las S.A.D. para buscar una fórmula más democrática y más transparente. Lo que hay actualmente en virtud de la ley de 1990 no sirve más que para sostener a esa legión de nuevos caudillos que no se sienten vinculados con la historia y tradición de sus clubes y cuya gestión económica se ha demostrado un rotundo fracaso. Todo el mundo sabe además que se está dando el caso de que, mientras los clubes se endeudan, sus dirigentes obtienen pingües beneficios para su peculio particular en la compraventa de jugadores con suculentas comisiones.

La situación es tan agónica que podríamos aseverar que, si se aplican las mismas reglas y leyes que a cualquier Sociedad Anónima española, la inmensa mayoría de los clubes ya no son ni de sus socios ni de sus accionistas, sino de sus acreedores.

El Estado, principal acreedor de las S.A.D., debería, a través del Congreso de los Diputados, instar la modificación de la Ley sobre las S.A.D. A mi juicio debería la nueva formulación jurídica dar mayor transparencia a dichas sociedades y una presencia activa a abonados y accionistas minoritarios, que, eligiéndose entre ellos mismos, formaran parte de los órganos de dirección, fórmula similar a la «cogestión alemana». Caso de no tomar medidas como ésta o similares, no habrá que esperar mucho para ver la quiebra o la intervención de las S.A.D. actualmente existentes.

El art. 128.2 de la Constitución prevé la intervención de empresas «mediante Ley» cuando así lo exija el interés general. El art. 43.3 de la CE permite considerar el deporte como algo de interés general una vez que se encarga expresamente de su fomento a los poderes públicos.

Ahora bien, la intervención mediante una ley formal votada en las Cortes supone un largo proceso que puede hacer disfuncional la medida de intervención. Por ello puede recurrirse al Decreto-Ley si la intervención la estima el gobierno de urgente necesidad (art. 86.1 de la CE).

En principio podía considerarse que no procede el Decreto-Ley por afectar la intervención a la libertad de empresa consagrada en el art. 38 de la CE y como tal libertad excluida del ámbito del Decreto-Ley según el art. 86.1 de la CE. Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado que lo que el art. 86.1 prohíbe es la regulación mediante Decreto-Ley del régimen general de los derechos o de sus elementos esenciales. Pero no afectar, máxime si es transitoriamente, a un concreto derecho, no para suprimirlo, sino precisamente para, mediante su puesta en orden, garantizar su mejor ejercicio.

La Secretaría de Estado para el Deporte, encabezada eficazmente por Jaime Lissavetzky, debería impulsar ya el cambio de la actual estructura de nuestro fútbol. Cualquier entidad jurídica, por fuerte que sea, lo estamos viendo en los tiempos recientes, puede quebrar e incluso desaparecer, las S.A.D. igualmente. Pero lo que nunca desaparecerá es la corriente de sentimientos y tradiciones que tienen los clubes de fútbol.

Un país es una tradición, una cultura, una vivencia en común, unos sentimientos mutuos que no pueden gestionarse a través de una sociedad anónima. Los clubes de fútbol, tampoco.